Una de cada 10 personas en busca de protección internacional en España ha sido perseguida por ser LGTBI+

Fuente: FELGTBI+

Según el último informe del Ministerio del Interior, que recoge datos relativos a 2021, una de cada 10 personas que llega a España en busca de protección internacional lo hace por haber sufrido persecución debido a su orientación sexual o a su identidad de género. En este sentido, y con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes (18 de diciembre), la Federación Estatal LGTBI+ recuerda que migrar y buscar asilo son derechos humanos recogidos en los Principios de Yogyakarta, y exige al Estado que garantice la dignidad y el ejercicio de estos derechos a las personas LGTBI+ que huyen de sus países de origen. 

Asimismo, la Federación reivindica que se garantice también el cambio registral del género para las personas trans migrantes, con independencia de su situación administrativa. Y es que tal y como relata el vocal de Relaciones Exteriores de la Federación Estatal LGTBI+, Óscar Rodríguez, “actualmente, se da la paradoja de que, en ocasiones, se le concede a una persona la protección internacional porque su vida peligra por ser trans y se le entrega en España una documentación con un nombre contrario a su género que la expone a seguir sufriendo grandes discriminaciones en nuestro país.” 

Además, Rodríguez recuerda que “huir y pedir protección internacional no es una elección que se hace, las personas LGTBI+ se ven obligadas a dejar sus países, sus casas y a sus familias para poder salvar la vida”. En este sentido, Sasha, de Honduras, explica que, en su país, las mujeres trans están expuestas a unas elevadas tasas de violencia lo que las obliga a realizar desplazamientos forzosos dentro de la propia ciudad en la que viven o a huir a EEUU o España.

 “Las que no pueden irse terminan teniendo problemas de salud mental derivados de la violencia que vivimos y no hay atención psicológica suficiente. De hecho, las tasas de suicidios en esta población están aumentando”, relata. Además, señala que “para nosotras, aquí no hay ni oportunidades, ni educación, ni trabajo y ni acceso a la salud integral y, solo en 2022, ha habido 26 mujeres trans asesinadas, muertes, además, con una tipología de odio muy marcada”. Sasha ha decido quedarse en su país y luchar para intentar cambiar la situación, aunque asegura que “al ser activista trans, es un reto levantarse cada día y asumo que puedo morir por esto”.

En la actualidad, según la Federación Estatal LGTBI+, ser LGTBI+ está perseguido en 94 países. En 11 de ellos se castiga con pena de muerte y en 25, con condenas que van desde los 10 años de cárcel, a la cadena perpetua.  No obstante, muchas personas LGTBI+ tienen que huir de sus países por su orientación sexual o su identidad de género aunque en su país no haya leyes específicas contra el colectivo. 

Este es el caso de Israel, al que le fue denegada la protección internacional porque Venezuela, sobre el papel, es un país LGTBI+ friendly. “Yo recibía amenazas de muerte constantes por mi orientación sexual y no hubiera sido el primero en aparecer en una bolsa en una cuneta. Yo no quería irme de mi país, pero al final, me vi obligado. Pude quedarme en España por “razones humanitarias”, pero nunca me reconocieron el derecho de asilo por mi condición de persona LGTBI+”, denuncia.   

Por este motivo, Rodríguez también incide en que se debe de garantizar la dignidad de las personas LGTBI+ que solicitan la protección internacional en los procesos probatorios de los motivos de huída ya que, “muchas veces, para acreditar la condición de persona LGTBI+ se exige una excesiva visibilización que atenta contra el derecho a la intimidad”. “Se piden pruebas difíciles de aportar o las resoluciones se basan en informes desactualizados o que no reflejan la realidad social del país. Por eso, exhortamos a la Administración a que dé credibilidad a los testimonios de las personas solicitantes y a que forme en materia LGTBI+ tanto a las personas que hacen las entrevistas para la instrucción del expediente, ya sean policías o personal administrativo, como a quienes realizan las traducciones”, reivindica.

Israel lleva 5 años en España, pero, a día de hoy, tiene su tarjeta vencida sin posibilidad de renovarla porque desde la administración española no se ofrecen citas. “Esto genera muchos problemas porque, sin la documentación actualizada, se te deniega el acceso a la sanidad, no te pueden contratar porque no pueden darte de alta en la seguridad social, no puedes alquilar un piso y en mi caso, por ejemplo, me han bloqueado las cuentas del banco”, manifiesta. 

En este sentido, la Federación Estatal LGTBI+ se suma a la reivindicación de las organizaciones de personas migrantes para este 18 de diciembre y exige a la administración española que garantice a todas las personas migrantes el acceso al ejercicio de sus derechos que ahora mismo se ven vulnerados por la falta de citas para solicitar protección internacional o para cualquier otro trámite de extranjería.