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La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Fundación Triángulo y Chrysallis, Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans* han registrado un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitando que cumplan con sus funciones constitucionales ante el retraso en la elaboración del informe sobre el Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, impulsado por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Asimismo, las entidades solicitan celeridad en la elaboración del mismo para que llegue en segunda vuelta al Consejo de Ministros a la mayor brevedad y así desbloquear su tramitación.

Tras su aprobación por el Consejo de Ministros el 29 de junio, el Anteproyecto de Ley Trans y LGTBI fue enviado al Consejo Fiscal, al Consejo Económico y Social y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el 15 de diciembre. Inicialmente, el dictamen del CGPJ debía haber sido remitido el 16 de enero, pero el organismo todavía no lo ha trasladado al Ministerio de Igualdad, a pesar de la previsión de que la propuesta de informe podría llegar al pleno a finales de marzo.

En la mañana del martes 22 de marzo, el escrito firmado por las tres entidades, se ha presentado ante el registro del CGPJ. En él, instan al organismo a que cumpla con sus funciones consultivas y elabore el preceptivo informe, en la forma y plazos estipulados. Uge Sangil, presidenta de FELGTBI+, que acudió presencialmente a registrar el escrito, señala que “en este momento de incertidumbre y de ascenso del odio, necesitamos que las instituciones cumplan sus funciones y nos protejan”

El dictamen del CGPJ, que tiene función consultiva, antes de su remisión, debe ser sometido a análisis y votación en el pleno del CGPJ, que se reúne de forma ordinaria el último jueves de cada mes. Este informe permitirá que se continúe con la tramitación de tan necesitada Ley, en un momento crítico para el colectivo LGTBI+, que se enfrenta a un aumento sin precedentes de los delitos de odio. José María Núñez Blanco, presidente de Fundación Triángulo, comenta que “las personas trans, especialmente las menores, y las personas LGBTI hemos demostrado una paciencia enorme en relación a la defensa de nuestros derechos, y un compromiso ciudadano claro. No es de recibo ninguna demora más en el proceso de esta ley, ampliamente debatida por otra parte, y cuya aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados es necesaria y urgente”.

Los significativos retrasos en la tramitación del Anteproyecto de Ley Trans y LGTBI perpetúan la desprotección de las personas que conforman el colectivo y suponen un trato desigual en función de la Comunidad Autónoma de residencia. En este punto es importante señalar la especial vulnerabilidad de las personas trans, sobre todo durante la infancia y la adolescencia, que continúan sufriendo discriminación y acoso constante, tanto a nivel educativo como administrativo, todo ello sumado al abandono de sus Derechos Humanos a nivel legislativo. Ana Valenzuela, presidenta de Chrysallis, concluye que “es urgente y de justicia social, que el CGPJ cumpla con sus funciones y elabore dicho informe sin más dilación, ya que ha de ser consciente que no llevar a cabo sus responsabilidades se traduce en la grave discriminación, acoso y agresión que sufren las infancias y adolescencias trans, que ven como día a día y “gracias” a los discursos transexcluyentes, crece, poniendo en grave riesgo su integridad física y psicológica. En definitiva, dejándolas despojadas una vez más de sus DDHH y privándoles de avistar un futuro en igualdad de oportunidades”.

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