La Federación Estatal LGTBI+ denuncia el incumplimiento de la Ley LGTBI+ que mantiene a miles de personas trans migrantes en España sin poder adecuar su documentación.
Con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, la Federación Estatal LGTBI+ ha denunciado ante el Defensor del Pueblo el incumplimiento del artículo 50.1 de la Ley LGTBI+, que reconoce el derecho de las personas trans migrantes residentes en España a que su documentación de extranjería refleje su identidad de género.
La normativa, aprobada en 2023, establecía que los procedimientos administrativos necesarios debían ponerse en marcha durante el primer año de vigencia de la ley. Sin embargo, casi tres años después de su publicación en el BOE, estos mecanismos siguen sin habilitarse por parte del Ministerio del Interior.
Un bloqueo administrativo que afecta a miles de personas
La falta de desarrollo reglamentario ha generado una situación de bloqueo que, según la Federación Estatal LGTBI+, vulnera los derechos de alrededor de 65.000 personas trans migrantes. La ausencia de procedimientos claros impide la adecuación del NIE, TIE u otros documentos de extranjería, dejando a estas personas en una situación de inseguridad jurídica permanente.
Ante este escenario, la Federación ha solicitado formalmente la intervención del Defensor del Pueblo para que supervise el cumplimiento de la ley y emita una recomendación instando a la habilitación inmediata de los procedimientos necesarios. Además, ha registrado dos preguntas parlamentarias con el objetivo de exigir explicaciones y responsabilidades al Ministerio del Interior.

Vulneración continuada de derechos humanos
La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, ha señalado que no se trata de un simple retraso administrativo, sino de una vulneración prolongada de derechos humanos. Según ha explicado, esta situación contradice los principios constitucionales de igualdad, dignidad y no discriminación, así como los compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos.
La imposibilidad de adecuar la documentación tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las personas trans migrantes, dificultando su acceso al empleo, la sanidad, la vivienda y a trámites administrativos básicos, y aumentando su exposición a situaciones de discriminación y violencia institucional.
Requisitos contrarios a la ley y mayor desprotección
Desde la vocalía de delitos de odio de la Federación, Ángeles Blanco ha advertido de que, ante la falta de reglamentación, muchas oficinas de extranjería y comisarías se niegan a tramitar las solicitudes alegando ausencia de instrucciones. En algunos casos, incluso se estaría exigiendo la obtención de la nacionalidad española como requisito previo, una condición que contradice directamente la Ley LGTBI+.
Blanco ha recordado que el artículo 50.1 garantiza este derecho a todas las personas trans extranjeras que acrediten impedimentos legales o de hecho en su país de origen, muchas de las cuales han huido de contextos de persecución, criminalización o violencia extrema.
Una demanda de cumplimiento efectivo de la ley
La Federación Estatal LGTBI+ insiste en la necesidad de una actuación inmediata por parte del Ministerio del Interior para poner fin a esta situación. El cumplimiento efectivo de la ley resulta clave para garantizar la dignidad, la protección y los derechos fundamentales de las personas trans migrantes residentes en España, evitando que continúen atrapadas en un limbo administrativo que agrava su vulnerabilidad.
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