La Federación Estatal LGTBI+ condena las declaraciones del exmagistrado Francisco Javier Borrego en un acto de la extrema derecha celebrado en el Congreso. La entidad exige un compromiso político y judicial firme contra los discursos de odio hacia las personas trans y el conjunto del colectivo LGTBI+.
La Federación Estatal LGTBI+ condena con firmeza las declaraciones del exmagistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Francisco Javier Borrego, realizadas en un acto organizado por la extrema derecha en dependencias del Congreso de los Diputados, en las que se burló del colectivo trans y cuestionó normativas para la protección de la dignidad, la integridad física y los derechos fundamentales tanto de las personas LGTBI+ como de las mujeres.
Estas declaraciones revisten una gravedad añadida por la concurrencia de dos circunstancias: por un lado, fueron vertidas en sede parlamentaria; por otro, quien las pronuncia representa a la Administración de Justicia. El Congreso de los Diputados es, junto al Senado, la sede de la soberanía española y, en tal medida, debe aunar la voz de toda la ciudadanía, respetando el principio democrático de igualdad y fomentando la convivencia pacífica de todas las personas. Por su parte, la Administración de Justicia es el órgano que garantiza el cumplimiento normativo. Cuando un magistrado pronuncia este tipo de discursos no solo contraviene su mandato de servicio público, sino que, además, erosiona la confianza de la ciudadanía en la Justicia.
Esta confianza se ve especialmente afectada en el colectivo LGTBI+, que enfrenta una elevada tasa de infradenuncia ante presuntos delitos de odio. Según el informe Estado del Odio: Estado LGTBI+ 2025, el 46,09 % de las víctimas no acude a las autoridades, solo el 26,82 % formaliza la denuncia y un 27,09 % recurre a entidades LGTBI+. Ya en su comparecencia ante la Comisión contra los Discursos de Odio en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Aguilar, Fiscal de Delitos de Odio, señaló que los discursos de odio son una modalidad de delitos de odio y revisten una enorme gravedad porque socavan los pilares de nuestro modelo de convivencia democrática.
Las leyes LGTBI+ estatales y autonómicas son herramientas esenciales para garantizar la igualdad real y proteger a las personas frente a la discriminación. Sin embargo, hoy asistimos a un contexto en el que se pretende desmantelar estos avances. Durante su intervención hizo alusión a Canarias, donde la Ley Trans y LGTBI+ se encuentra actualmente amenazada por intentos de modificación que buscan recortar derechos ya conquistados y poner en riesgo la protección efectiva de las personas trans y del conjunto del colectivo LGTBI+.
Recordamos que el impacto de estos discursos no es simbólico, sino que se traduce en violencia real, convirtiéndose en la antesala a los delitos de odio. Según los datos recogidos en el citado informe, las agresiones físicas o verbales a la población LGTBI+ se han duplicado en un solo año, pasando del 6,8% en 2024 al 16,3% en 2025, lo que representa aproximadamente 812.000 personas agredidas en el último año. Estos datos confirman la enorme vulnerabilidad del colectivo frente a la violencia motivada por el odio y subrayan la necesidad de medidas efectivas para proteger la dignidad y los derechos de las personas LGTBI+.
Por todo ello, la Federación Estatal LGTBI+ anuncia que remitirá estas declaraciones a la Fiscalía para que valore la adopción de las medidas oportunas. Al mismo tiempo, reitera la urgencia de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables, actualmente en fase de conclusiones en el Congreso de los Diputados. Esta es una demanda que la Federación, junto a más de una docena de entidades de defensa de derechos humanos, viene sosteniendo de forma constante y que hoy resulta imprescindible para blindar los avances normativos, proteger la dignidad de todas las personas, revertir el aumento de agresiones físicas y verbales y garantizar que los derechos humanos no puedan ser cuestionados ni instrumentalizados.
